Díaz Tezanos ha destacado que se trata de una ley "muy anhelada" por todas las organizaciones de la discapacidad, presentada con "el aval, el trabajo y el apoyo expreso" de CERMI Cantabria, con quienes, ha dicho, "desde el primer día se ha trabajado en un proceso colaborativo y participativo" en el que, además, han participado los órganos de la Administración autonómica con responsabilidad en áreas en que pueden verse afectadas las personas con discapacidad.

 

También ha recalcado que se trata de un compromiso de legislatura "de gran calado para miles de personas" con discapacidad en Cantabria, dado que actualmente el 9% de la población de la región tiene algún tipo de discapacidad. "Estamos hablando de más de 52.000 personas", ha subrayado.

 

Asimismo, ha destacado que este acuerdo "hace realidad" en la región la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

 

"Hemos hecho, entre todos, una ley que da un salto hacia el nuevo paradigma que contempla la Convención con una nueva visión de la discapacidad con un reconocimiento de los derechos de las personas basado en la dignidad humana y con el foco puesto en las capacidades y en el abordaje de todos los obstáculos que la sociedad impone a las personas con discapacidad para su plena inclusión en el obstáculo que la sociedad pone a la plena inclusión", ha subrayado.

 

Según la vicepresidenta, el proyecto de ley también permite cumplir el compromiso político de regular la accesibilidad universal y vida independiente, "superando la normativa autonómica ya desfasada en materia de accesibilidad y superando el concepto de eliminación de barreras de tipo físico para abordar la accesibilidad universal y de diseño para todas las personas".

 

 

Por último, este anteproyecto cumple un tercer compromiso político consistente en abordar la regulación de la lengua de signos española y el apoyo a la comunicación oral que "posibilitan que las personas accedan a la formación en lengua de signos y a su utilización en diversos ámbitos".

 

Con un carácter transversal y compuesta de 73 artículos, el proyecto de ley aborda de forma integral todos los aspectos con los que las personas con discapacidad interaccionan en su vida diaria, figurando como primer derecho el de la autonomía personal y a la vida independiente, y a recibir los apoyos necesarios para que sea viable su plena inclusión social y a la toma de decisiones en los asuntos que les afecten, con la necesaria información y los apoyos oportunos.

 

Así, determina medidas de acción positiva en cada uno de los ámbitos de actuación, por ejemplo en la salud (prevención de la discapacidad, a la salud sexual y reproductiva y a la prevención del maltrato la atención temprana a la discapacidad, además de previéndose la coordinación de los sistemas de salud, de servicios sociales y de educación).

 

También en el ámbito educativo (evaluación para determinar las necesidades de apoyos educativos, promoción de la adaptación curricular flexibilización del tiempo de permanencia en las etapas educativas, promoción de la formación del profesorado en materia de discapacidad y medidas de adaptación y formación en discapacidad en el ámbito universitario).

 

Y en el empleo (adaptaciones y apoyo en los procesos selectivos y las reservas de empleo, estableciendo convocatorias y pruebas específicas para personas con discapacidad y la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública y a contratos reservados a favor de centros especiales de empleo o de empresa de inserción); en la protección social; en el acceso a la cultura, el turismo, el ocio y el deporte.

 

(Información publicada por Europa Press)